El contexto que surgió del derrocamiento de los sistemas feudales y de las monarquías defendidos en el ideal modernizador de Libertad, Igualdad y Fraternidad trajo a la luz la dinámica de una realidad social conflictiva. Donde las sociedades ponen de manifiesto sus problemáticas internas que llaman en primer lugar a la participación ciudadana de todos los actores. Y es en este ejercicio, donde la concepción general de democracia hace referencia a una necesidad de transformación del orden social que esté sujeto a la encarnación de los valores e ideales comunes. Que incorporaron también el de Justicia. Transformándose en Libertad, Igualdad y Justicia.
Un proceso en que se pueda establecer racionalmente un consenso normativo - regulativo de las pluralidades existentes en una sociedad de conflictos es la misión democrática. En tanto, la ligazón entre democracia y estado de derecho es imprescindible. Ya que al ser el Estado de derecho “aquel estado que posibilita al hombre mostrarse tal cual es y que a su vez, actúa en beneficio de los ciudadanos” es la conjunción de las posibilidades que permiten a las naciones establecer aquellos denominados “proyectos nacionales” que encabezan sus gobernantes.
A pesar de que lo expuesto anteriormente, puede resultar lógico e incluso obvio que las condicionantes de los dos elementos propios del gobernar en una sociedad moderna deben estar basados en principios de legitimidad y eficacia. Los cuales presentan sobre todo análisis mas detallado, la propia posibilidad de encontrar consensos. La condición de “la gobernananza” hace total referencia a una capacidad política de ejercer esa acción que se requiere para su posible ejecución de la obediencia soberana. Estamos hablando entonces que no bastan los consensos respecto a los proyectos nacionales sino la satisfacción de los objetivos propuestos. Y el rol del gobernante está nuevamente condicionado, esta vez, por aquella proporcionalidad existente entre las expectativas sociales que tienen los gobernados respectos a la acción de su gobernante, que en este sentido entenderemos como política publica. Y que en el marco de una sociedad civil densa, este cumplimiento entendido como eficacia debiese contemplar una participación de todos los sectores que interpelados por el ejecutivo expresaran sus necesidades.
La noción de sociedad civil tiene características diferentes a las que aquí se han reseñado y reclama estrategias más complejas de investigación. La sociedad civil tendría dos componentes principales: por un lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema y el conjunto de los movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, así como vigilan la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados
Pues bien, en esta relación sociedad- Estado a simple luz se han gestado procesos que auscultan una asimetría en los roles correspondientes a sociedad civil y gobernantes. En síntesis, el dilema de establecer mediante consenso de las solidaridades existentes un “proyecto país” en forma de un deber ser, se ha vuelto problemático en el contexto de sociedades diversas y globalizadas.
En las condiciones en que proporciona un Estado de derecho democrático, el gobernante asume un rol ante algo que está dado por la propia legitimidad que este tenga y la eficacia que presente. Y en esta relación establecida, sin embargo, puede pecar de ingenua si no incorpora los factores que relativizan la acción de los gobernantes. Y es que es el poder con que el ejecutivo maneja estas situaciones, es el mayor problema en donde las (ínter)subjetividades propias de una sociedad se hacen presentes.
Ante la falta de un proyecto común, constituido en base a lo publico que permita (re)definir los roles del estado, el rol de la “ciudadanía” y su interrelación. En este punto convergen quienes consideran que el “estado de bienestar” expropió la iniciativa individual y ciudadana, con quienes postulan una “tercera vía” que abandona en los hechos ese mismo “estado de bienestar”.
El poder del que hablamos y del que hace uso el Estado, corresponde netamente a la exposición de un deber ser regulado por un sistema de control, mediado por el poder y regulado por el mercado. El cual, debe hacer cumplir y respetar sus decisiones, pudiendo así, responder a la necesidad de imponer un orden social. Pese a esto, el sistema presentado tiene ciertos limites, si bien suponemos una obediencia exigida por la democracia legitimada existe además un derecho a la disidencia en el cual es posible cierto rechazo.
